PALABRAS EN TINT@ Por: José Luz CHÁVEZ VARGAS.
*Los Corajes de Trump Contra México.
*Proceso de Extradición México y EUA.
*EUA a la Caza de Gobernadores Mexicanos.
La Ejecutiva Federal Claudia Sheinbaum Pardo, trata a toda costa de evadir una certificación estadounidense para que se someta aun un control en el combate al narcotráfico y lavado de dinero por tierra y aire en México, como son los anhelos del Presidente Donald Trump para desquitar su coraje sobre la detención de Ovidio Guzmán López quién fuera liberado por órdenes del expresidente Andrés Manuel López Obrador durante su primera gestión y que contaba con una orden de extradición.
En dicho documento se destaca el reforzamiento institucional de las agencias encargadas del cumplimiento de la Ley; el control aéreo y marítimo; el control del cultivo y producción de ilícitos; el apoyo con entrenamientos y equipo; el combate a organizaciones criminales y la reducción en la demanda de consumo de drogas.
Al calce, el gobierno de Estados Unidos incrementará la asistencia técnica, material y de entrenamiento, particularmente a la policía especializada y para las unidades militares, además que apoyará financieramente las investigaciones del lavado de dinero.
Agregando que el establecimiento de las organizaciones criminales en México es muy superior a los mandos policiacos, donde prevalece la corrupción y por eso se requiere sustancialmente un esfuerzo de mayor nivel, así como una coordinación bilateral, para que existan mejores resultados durante las operaciones fronterizas.
Lo más grave, se establecerán acciones en que el gobierno estadounidense estará pendiente para vigilar que México cumpla en su lucha contra el narcotráfico y lavado de dinero, así como el desmantelamiento de organizaciones mayores dedicadas a los delitos ilícitos, así como el arresto y persecución de sus líderes.
Mejoras legislativas para registrar transacciones financieras que involucren grandes sumas de dinero bajo circunstancias sospechosas, posiblemente derivadas del lavado de dinero.
Una fuerte disposición judicial para el decomiso de bienes materiales o de otra índole, de igual manera una instrumentación de un control efectivo del sistema de desvíos químicos base y derivados.
Una certera relación bilateral para incrementar las extradiciones y las deportaciones, de igual manera una asistencia legal y tratados bilaterales para investigar y rastrear llamadas telefónicas y cuentas bancarias, así como la investigación de la corrupción de todos los niveles de gobierno en México.
Las extradiciones entre México y Estados Unidos se rigen por un Tratado Bilateral de Extradición y la Ley de Extradición Internacional. Mientras México ha entregado a más de 90 personas requeridas por el país vecino, la tensión diplomática ha escalado debido a que Washington no ha concretado ninguna de las 269 solicitudes presentadas por el gobierno mexicano.
Proceso de Extradición: El trámite sigue pasos estrictos de carácter legal y diplomático: Solicitud formal: El gobierno de Estados Unidos presenta una petición a través de la Embajada, sustentada por una orden de aprehensión y pruebas de los delitos.
Revisión de la SRE: La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) revisa que la solicitud cumpla con los requisitos del Tratado.
Detención: La Fiscalía General de la República (FGR) ejecuta la orden de detención con fines de extradición.
Proceso judicial: Un juez federal evalúa las pruebas. Si se aprueba, el individuo queda a disposición de la SRE para su entrega.
Situación Bilateral Reciente: El tema es un punto central en la agenda de seguridad de ambos países. El gobierno mexicano ha condicionado avances y exige reciprocidad, argumentando que Estados Unidos ha retrasado o negado solicitudes de alto perfil a México, tales como casos de desvío de recursos y delincuencia organizada, bajo el argumento de falta de pruebas o información adicional.
México ha presentado 269 solicitudes de extradición a Estados Unidos desde 2018, de las cuales ninguna se ha concretado. El gobierno mexicano exige reciprocidad, destacando casos graves de exgobernadores, líderes de la delincuencia organizada y acusados del caso Ayotzinapa.
Las autoridades mexicanas han hecho públicos los nombres de algunos de los casos más relevantes que el gobierno estadounidense mantiene pendientes o ha rechazado, destacando entre ellos:
Francisco Javier García Cabeza de Vaca: Exgobernador de Tamaulipas, acusado de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita.
Víctor Manuel Álvarez Puga: Empresario y presunto operador financiero, requerido por delincuencia organizada y lavado de dinero (rechazado por EE. UU. al considerarlo delito no violento).
Pablo Vega Cuevas (El Transformer): Presunto integrante de Guerreros Unidos, acusado de delincuencia organizada.
José Ulises Bernabé García: Implicado y requerido por el caso Ayotzinapa.
Rafael Zaga Tawil: Acusado por delitos de delincuencia organizada.
Raymundo Collins: Exfuncionario capitalino acusado de uso ilegal de atribuciones y facultades.
Genaro García Luna: El exsecretario de Seguridad Pública también figura entre los requeridos por la justicia mexicana.
La casería contra los gobernadores se iniciaron cuando el gobierno de Estados Unidos entregó al equipo del entonces presidente Ernesto Zedillo Ponce de León una lista de funcionarios mexicanos sospechosos de tener ligas con el narcotráfico para que no fueran designados secretarios de estado; entre ellos estaban los gobernadores Manlio Fabio Beltrones de Sonora Jorge Carrillo Olea de Morelos, Mario Villanueva Madrid de Quintana Roo Tomás Jesús Yarrington Ruvalcaba candidato a la gubernatura de Tamaulipas, lista filtrada en un reportaje del The New York Times, donde el sub-secretario de Estado reconoció que el gobierno estadounidense si había entregado dichos documentos ante un Comité del Congreso americano.