LA COMUNA. Por: José Ángel Solorio Martínez.
Crece Indignación por Asesinato…
Alguien debe ayudar al gobernador. El caso de la niña asesinada en un colegio militar de Ciudad Madero, Tamaulipas, México escaló en forma proporcional a la irresponsabilidad exhibida en su manejo.
Mucho tiempo ha pasado y se ha permitido que un problema penal de rutina, se complique a tal grado de llegar hasta las puertas de Palacio Nacional.
La dolida madre, ha externado severas acusaciones al Ejecutivo estatal tamaulipeco.
Podrán verse como exabruptos; lo que nadie podría negar, es que sus acusaciones son justificadas.
Ni las fiscalías del Estado, ni las instituciones dedicadas a defender los derechos de los niños, ni mucho menos las dependencias de derechos humanos, han fijado su postura en defensa de la menor fallecida y de los múltiples jovencitos lastimados en su cuerpo y en su psique.
El problema tiene múltiples aristas.
El olvido oficial; la banda responsable de la violencia en contra de jóvenes vulnerables; la indolencia de la Secretaría de Educación de Tamaulipas, al avalar esos planes de estudios enfermos y cinismo de funcionarios como el alcalde maderense Erasmo González Robledo que en privado festejan a la escuela y en público dan el pésame a los dolientes que provoca ese torcido plantel educativo.
Las declaraciones del fiscal tamaulipeco, no fueron del todo afortunadas.
Pidió a la ciudadanía no hacer especulaciones sobre el asesinato de la niña.
¿Acaso desconoce que ese fenómeno brota cuando no hay información precisa y oficial?
Le recepción que hizo el gobernador del dramático caso, no fue del todo sensible.
Apenas declaró que se estaba investigando por parte de la fiscalía.
La madre afectada ha estado buscando una audiencia con Villarreal Anaya.
No ha podido recibir respuesta.
Lamentable.
La familia víctima, ha puesto el balón en la cancha del gobernante.
Y no acierta a dar respuesta con sensatez.
El doloroso acontecimiento ayer mismo salió de la esfera local para situarse en una eventualidad suprarregional.
Es decir: el aparato estatal por su incapacidad de respuesta, permitió ocurriera tal circunstancia.
De hecho, la madre doliente, solicitó la intervención de la presidenta Claudia Sheinbaum para demandar justicia para su hija victimada.
No quieren entenderlo, pero tiene un significado grave para la administración estatal.
¿Acaso es tan difícil administrar y procurar justicia en un caso tan obvio y con tanta prueba de la criminal conducta colectiva de los propietarios de esa escuela monstruosa?
¿A quién o quiénes protegen?
El asesinato debe avergonzarnos, trabajar y criticar para que no se vuelva a repetir, como sociedad.
Pero también la autoridad, tiene la obligación de replantear y sobre todo, vigilar escrupulosamente a esas instituciones de lucro y daño emocional y corporal de la juventud.
No solo el propietario del plantel es responsable. Lo son, también, los funcionarios educativos que avalaron por décadas ese centro de dolor y sufrimiento de la niñez.
¿Será muy complicado cumplir cada quien con lo que le corresponde?